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La Fórmula Misteriosa ¿Manipulación en las Adjudicaciones a Barrabés por la UCO? – Caso Begoña Gómez

julio 18, 2024
la formula misteriosa manipulaci Fachosfera.info
Índice de Contenidos:

Facturas bajo sospecha en la cátedra de la Complutense

Un reciente informe ha destapado facturas sospechosas y posibles tratos de favor en adjudicaciones millonarias.

El escándalo que rodea a Begoña Gómez continúa creciendo a medida que salen a la luz nuevos detalles sobre presuntas irregularidades en su gestión de fondos públicos.

Más de 100.000 euros en gastos cuestionados y la presunta apropiación indebida

La Universidad Complutense de Madrid ha remitido un informe al juzgado que investiga a Begoña Gómez por presunta apropiación indebida, detallando facturas por más de 100.000 euros que han levantado sospechas. Entre ellas destacan:

  • Una factura de 24.200 euros por el desarrollo de una plataforma digital
  • Un contrato menor de 18.148,79 euros por servicios de consultoría, firmado por la propia Begoña Gómez
  • Una factura de 60.500 euros por asesoría técnica para crear una aplicación informática

Lo más alarmante es que, según fuentes consultadas, el contrato de 18.148,79 euros no aparece registrado en ningún sitio, lo que ha disparado todas las alarmas.

Falta de cooperación en la investigación interna

La Universidad Complutense denuncia en su informe una total falta de colaboración por parte de Begoña Gómez para esclarecer estos gastos. Ante un requerimiento de explicaciones enviado hace más de un mes, la esposa del presidente se limitó a responder que estaba «recopilando información», sin aportar ningún dato concreto hasta la fecha.

Esta actitud obstruccionista ha llevado a la universidad a solicitar al juez que investigue a fondo el caso, ante la imposibilidad de llegar a conclusiones por sus propios medios.

La polémica fórmula de puntuación

Adjudicaciones millonarias bajo sospecha

Más allá de las facturas cuestionadas, el caso Begoña Gómez se extiende a las millonarias adjudicaciones otorgadas a empresas vinculadas a Juan Carlos Barrabés, socio de la Begoña Gómez. Un informe técnico elaborado por la acusación particular ha destapado presuntas irregularidades en la fórmula utilizada para puntuar las ofertas en concursos públicos por valor de más de 30 millones de euros.

El informe señala que la fórmula empleada por Red.es, entidad pública responsable de las adjudicaciones, beneficiaba sistemáticamente a las empresas de Barrabés en detrimento de sus competidores. Concretamente:

  • Se utilizaba una «normalización» de puntuaciones que ampliaba artificialmente la brecha entre ofertas
  • El 40% de la valoración dependía de criterios subjetivos, donde Barrabés siempre obtenía la máxima puntuación
  • En el 60% restante (criterios objetivos), los competidores solían ir por delante, pero la fórmula compensaba esta desventaja

La controvertida actuación de la UCO

Llama poderosamente la atención que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no haya profundizado en el análisis de esta fórmula en sus informes sobre el caso. Esto ha obligado a la acusación particular a contratar expertos externos para realizar los cálculos que demuestran el sesgo en favor de Barrabés.

Fuentes cercanas al caso apuntan a una posible injerencia política del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, para limitar el alcance de la investigación de la UCO. Esta circunstancia arroja serias dudas sobre la independencia de las pesquisas policiales en un caso tan sensible políticamente.

Implicaciones políticas del escándalo

Un golpe a la credibilidad del gobierno

Las revelaciones sobre el caso Begoña Gómez suponen un duro golpe a la imagen de integridad del gobierno de Pedro Sánchez. La sombra de la corrupción y el tráfico de influencias se cierne sobre La Moncloa en un momento de gran tensión política.

Llamadas a la dimisión

Desde la oposición arrecian las voces que piden la dimisión del presidente Sánchez, argumentando que su continuidad es insostenible mientras su esposa está siendo investigada por graves delitos económicos. El gobierno, por su parte, cierra filas en torno a Begoña Gómez y denuncia una «campaña de acoso y derribo» contra la familia del presidente.

Un caso que amenaza con hacer tambalear al gobierno

El caso Begoña Gómez ha pasado de ser un incómodo rumor a convertirse en una investigación judicial en toda regla, con evidencias cada vez más sólidas de presuntas irregularidades. La falta de transparencia y colaboración por parte de la principal implicada no hace sino aumentar las sospechas.

Si las acusaciones se prueban ciertas, estaríamos ante uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia española reciente, con ramificaciones que llegarían hasta lo más alto del poder ejecutivo. El desenlace de esta investigación podría tener consecuencias políticas de enorme calado, poniendo en jaque la continuidad del actual gobierno.

La sociedad española observa expectante el desarrollo de los acontecimientos, exigiendo que se llegue hasta el fondo del asunto y se depuren todas las responsabilidades, caiga quien caiga. El prestigio de las instituciones y la salud de nuestra democracia están en juego.

RESUMEN Y VIDEO

FERNANDO SANTAS LABORDA

URGENTE ‼️ INFORME BOMBA 💣 CASO BEGOÑA GÓMEZ 🛑 ‼️

Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, está siendo investigada por apropiación indebida relacionada con actividades en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Se encuentra imputada y está previsto que declare ante el juzgado 41 de Madrid, liderado por el juez Juan Carlos Peinado.

Las investigaciones se centran en varias facturas sospechosas que superan los 100.000 euros. Estas facturas están relacionadas con servicios de consultoría y asistencia, incluyendo el desarrollo de una plataforma y una aplicación informática que, presuntamente, Gómez podría haber puesto a su nombre.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil parece no haber encontrado irregularidades significativas, lo que ha llevado a ciertas críticas sobre la posibilidad de influencia política en la investigación, apuntando a conexiones con el Ministerio del Interior bajo Fernando Grande-Marlaska.

En respuesta a la falta de hallazgos por parte de la UCO, la acusación particular, compuesta por diversas entidades como Vox y Manos Limpias, ha elaborado informes técnicos detallados que sugieren manipulación en las puntuaciones de concursos públicos, beneficiando asociados de Gómez.

Estos informes acusan directamente a la cátedra y a aliados de Gómez, como Juan Carlos Barrabés, de obtener ventajas en contrataciones públicas significativas que suman más de 30 millones de euros. Se destaca una fórmula de puntuación que presuntamente favoreció de manera desproporcionada a los aliados de Gómez en detrimento de otros competidores.

La Universidad Complutense ha expresado su incapacidad para llegar a una conclusión definitiva sin la intervención judicial, dado el nivel de complejidad y la falta de cooperación en la investigación interna. Han remitido toda la documentación y comunicaciones relevantes al juzgado para facilitar la investigación en curso.

Gómez, por su parte, ha respondido a las solicitudes de información de la universidad afirmando que está reuniendo los documentos necesarios, aunque ha pasado considerable tiempo sin proporcionar una respuesta detallada.

La situación ha generado un debate público y mediático intenso, no solo sobre la legalidad de las acciones bajo investigación sino también sobre la integridad de las instituciones involucradas, incluyendo la UCO y varias partes del gobierno español.

El caso de Begoña Gómez no solo plantea preguntas sobre la gestión y ética dentro de la Complutense y otras instituciones públicas, sino que también proyecta dudas sobre la transparencia y la justicia en la administración pública española, especialmente en lo que concierne a la influencia política en investigaciones judiciales.

Este caso proporciona una oportunidad crítica para reafirmar los principios de justicia y equidad en la administración pública, y podría tener implicaciones significativas para la confianza pública en el gobierno español. La esperanza radica en que la justicia actúe de manera imparcial y eficaz, restableciendo así la confianza en las instituciones del país.

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