Introducción
Los escándalos y la corrupción parecen no tener fin. El caso de la liberación de terroristas etarras ha dejado en evidencia la negligencia e incompetencia de los partidos de la oposición, especialmente PP y Vox, quienes fallaron en cumplir su deber de proteger a las víctimas del terrorismo. Este artículo explorará las distintas facetas del escándalo político, donde los partidos opositores, la dejadez judicial y la pasividad del pueblo español han permitido la corrupción sistémica y el abuso de poder que atraviesa cada rincón del país.
La advertencia ignorada por PP y Vox sobre la excarcelación de etarras
En una reciente entrevista, Miguel Folguera, consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, expresó su indignación ante el fracaso de PP y Vox al no haber evitado la aprobación de una ley que permite la liberación de terroristas de ETA. Según Folguera, durante más de dos años, estos partidos fueron advertidos sobre la posible trampa legal que preparaba el gobierno de Pedro Sánchez para favorecer a los terroristas. A pesar de los constantes avisos, tanto PP como Vox votaron a favor de la ley, lo que ha provocado un escándalo y la sensación de traición entre las víctimas. Para agravar aún más la situación, hasta la fecha, ningún diputado ha sido cesado o ha asumido responsabilidad por este error monumental.
Además de la indignación por la aprobación de la ley, Folguera subraya cómo los terroristas liberados no han mostrado arrepentimiento, no han indemnizado a las víctimas y, sin embargo, recibirán ayudas y beneficios sociales. Mientras tanto, las víctimas del terrorismo, muchas de las cuales no pueden llegar a fin de mes, sienten que han sido abandonadas por los partidos que se suponía debían defenderlas. Según Folguera, el gobierno vasco, controlado ahora por socialistas, juega un papel clave en la reinserción de estos criminales, mientras Bildu, el brazo político de ETA, lidera la política española.
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La trampa política: cómo el gobierno de Sánchez engañó a la oposición
El actual gobierno socialista de Pedro Sánchez, una vez más, ha demostrado ser maestro en maniobras políticas de bajo calibre. Pedro Sánchez y su gobierno han sabido explotar las lagunas legales para pasar leyes que favorecen a sus aliados más polémicos. Entre ellos, destaca la reciente liberación de terroristas de ETA, muchos de los cuales no han mostrado arrepentimiento ni han indemnizado a sus víctimas. El escándalo alcanzó su punto álgido cuando se reveló que partidos como PP y Vox votaron a favor de ciertas disposiciones, lo que ha dejado a las víctimas y a la sociedad española completamente atónitas.
El papel de las víctimas del terrorismo y la traición de la oposición
Miguel Folguera, consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, se ha alzado como una voz crítica ante la inacción de los diputados del PP y Vox. Tal como lo explicó en una reciente entrevista, las víctimas del terrorismo fueron traicionadas cuando 177 diputados de estos partidos votaron sin revisar el contenido de la ley, permitiendo que la liberación de terroristas avanzara sin objeciones. La indignación no solo surge por el error, sino porque ningún diputado ha sido cesado o ha dimitido por su negligencia. Este hecho pone en cuestión la integridad y la capacidad de los representantes de los principales partidos de la oposición.
La complicidad de la justicia y las instituciones
Lo que resulta aún más alarmante es la complicidad de las instituciones judiciales y el propio sistema legal, que parece favorecer a los criminales más que a las víctimas. Se sabe que la Dirección General del Gobierno de España prometió en varias ocasiones que no se liberarían a terroristas antes de tiempo, pero la palabra del gobierno ha resultado ser, una vez más, una mentira flagrante. El malestar de las víctimas se intensifica al ver cómo los asesinos de sus seres queridos serán liberados sin cumplir la totalidad de sus condenas, con ejemplos claros como el de Chapote, quien será liberado años antes de lo previsto.
El gobierno de Sánchez: un estado fallido y la connivencia con Bildu
El gobierno de Pedro Sánchez no solo ha demostrado ser incompetente, sino que se alía con partidos como Bildu, el brazo político de ETA, para mantener su poder en el Congreso. Bildu ha sido clave en la aprobación de leyes polémicas, como la reciente ley de memoria histórica, que busca reescribir el pasado según los intereses de la izquierda. Este pacto entre el PSOE y los partidos que alguna vez apoyaron el terrorismo es una prueba más de que el estado de derecho en España está fallando y que la corrupción y el sectarismo han capturado las instituciones.
La indignación de las víctimas y el silencio de los medios
Uno de los puntos más impactantes es la absoluta falta de cobertura por parte de los grandes medios de comunicación, que han preferido centrar su atención en temas secundarios, como los audios filtrados del Rey Juan Carlos o los escándalos personales. Mientras tanto, la prensa crítica, como El Confidencial, ha sido de las pocas que ha sacado a la luz este enorme fraude a la democracia española. Esta manipulación mediática está diseñada para distraer al público de los temas verdaderamente importantes, generando una cortina de humo que protege al gobierno y su red de corrupción.
El precio de la corrupción: liberación de etarras y beneficios para los criminales
El precio de la corrupción en España no solo se mide en términos políticos, sino en las vidas arruinadas de las víctimas del terrorismo. Mientras los terroristas liberados reciben todo tipo de beneficios, como ayudas económicas, programas de reinserción e incluso acceso a viviendas, las víctimas y sus familias siguen esperando justicia. Este doble rasero es uno de los factores que más indignación genera, especialmente cuando se sabe que el gobierno vasco, ahora también bajo control socialista, es cómplice de esta situación.
La estrategia de Sánchez: manipulación y encuestas al servicio del poder
Uno de los elementos más desconcertantes del gobierno de Sánchez es su capacidad para manipular la opinión pública a través de una maquinaria perfectamente engrasada de telemarketing y encuestas diarias. Según se ha revelado, Sánchez ha contratado a 200 personas en Moncloa para realizar sondeos constantes y asegurarse de que cada paso que da esté respaldado por datos precisos. Esta estrategia le permite ajustar su narrativa y mantener su poder a pesar de los escándalos. Mientras tanto, la oposición sigue perdida, incapaz de crear una estrategia efectiva para contrarrestar estas tácticas.
La descomposición de la sociedad española: pasividad y nihilismo
El problema no solo radica en la corrupción política, sino en una sociedad española cada vez más pasiva y dispuesta a aceptar cualquier atropello a sus derechos y libertades. La desmovilización del pueblo español es evidente, con muy pocas protestas o manifestaciones frente a los escándalos políticos. Este fenómeno ha sido descrito como un estado de «sociedad drogada», donde los valores tradicionales han sido reemplazados por una búsqueda constante de placer inmediato y superficial, sin preocuparse por el futuro del país ni de las próximas generaciones.
¿Hay esperanza? El ejemplo de otros países
Al analizar la situación en otros países, como Argentina con el triunfo de Javier Milei, queda claro que la sociedad civil aún puede levantarse contra la corrupción y el abuso de poder. Milei ha logrado canalizar la frustración de millones de argentinos hacia un movimiento que busca reformar el sistema desde la base. España necesita una figura similar, alguien que pueda movilizar a las masas y ofrecer una alternativa real al bipartidismo corrupto que ha dominado el país durante décadas.
El rol del ejército y la responsabilidad del pueblo
Un debate recurrente es el rol del ejército en la defensa de la Constitución y la unidad de España. Según la Constitución, el ejército está encargado de garantizar la integridad del país, pero muchos se preguntan si es hora de que la sociedad civil asuma la responsabilidad de defender España. La sociedad civil debe levantarse, dejar de confiar en los políticos y recuperar el control del país antes de que sea demasiado tarde. La verdadera solución no vendrá del ejército ni de una intervención externa, sino de una movilización interna.
Conclusión
El caso de la liberación de etarras y la complicidad de los partidos políticos en este escándalo es solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo: la corrupción sistémica que ha capturado las instituciones de España. El pueblo español, desmovilizado y pasivo, tiene en sus manos la responsabilidad de revertir esta situación. Pero, para ello, es necesario un despertar masivo, una ruptura con el conformismo actual y la construcción de una nueva forma de hacer política, basada en la verdad, la justicia y el respeto a las víctimas.
RESUMEN Y VIDEO
Avisamos años a PP y Vox de la trampa que han caído excarcelando etarras y la han votado
PP y Vox han traicionado a las víctimas del terrorismo, cayendo en la trampa que el PSOE y Sumar prepararon. A pesar de ser advertidos durante más de dos años, votaron a favor de una ley que permitirá la liberación anticipada de terroristas de ETA, ignorando la gravedad del tema.
Miguel Folguera, consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, denunció públicamente la falta de vigilancia de estos partidos. La advertencia fue clara: el gobierno buscaría cualquier resquicio legal para reeditar la historia a favor de ETA.
La reacción de los partidos tras su error fue ridícula. Feijóo y Abascal ofrecieron disculpas vacías, sin asumir responsabilidad real. No se ha cesado a ningún diputado, demostrando un desprecio absoluto por las víctimas y una incompetencia política escandalosa.
El Congreso de los Diputados, con más de 300 parlamentarios que cobran sueldos astronómicos, no está cumpliendo con su deber. Con dietas, beneficios y una asistencia promedio que no llega ni al 50%, su desconexión con la realidad es alarmante.
Mientras los terroristas de ETA se preparan para salir de la cárcel con todos los beneficios de la reinserción, las víctimas del terrorismo siguen siendo olvidadas. Ni han recibido indemnizaciones ni el perdón de sus verdugos, pero los criminales tendrán vivienda y trabajo asegurado.
Es aún más indignante saber que, tras la doctrina Parot, este es el peor golpe a las víctimas. Chapote, uno de los más conocidos, saldrá de la cárcel antes de 2031, disfrutando de un sistema legal que premia a los asesinos.
El gobierno de Pedro Sánchez no ha mostrado ninguna intención de frenar estas excarcelaciones. La Dirección General del Gobierno mintió abiertamente, prometiendo que nunca sucedería lo que ahora estamos presenciando. Se ahorran 400 años de cárcel a asesinos, en un golpe directo a la justicia.
Bildu, el brazo político de ETA, es ahora quien dirige la política en España, y no hay duda de que Pedro Sánchez ha sellado su alianza con ellos, poniendo los intereses de los criminales por encima de la justicia para las víctimas.
La prensa hace el trabajo que los diputados no hacen. Fue un periódico el que advirtió de este desastre. ¿Dónde están los asesores, los gabinetes jurídicos y los expertos que se les paga con dinero público? La irresponsabilidad es absoluta.
Los diputados de PP y Vox cobran sueldos desorbitados, pero no leen las leyes que votan. Esto es imperdonable. Los ciudadanos estamos manteniendo a una clase política que no está haciendo su trabajo, y los partidos de la oposición están demostrando que no están a la altura.
La liberación de terroristas y los beneficios que recibirán son un insulto para las víctimas. Mientras los criminales disfrutarán de ayudas, las víctimas siguen pidiendo ayuda psicológica y luchando para llegar a fin de mes.
Es una vergüenza que en este país se premie a los asesinos y se olvide a los inocentes. Los españoles merecemos políticos responsables, y es hora de exigir que PP y Vox asuman su responsabilidad por este error colosal.
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