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España

Marlaska transfiere competencias de seguridad a la Ertzaintza y firma la expulsión de la Policía y la Guardia Civil de Puertos y Aeropuertos del País Vasco

por iCuma julio 25, 2024
marlaska transfiere competencias Fachosfera.info

Fernando Grande-Marlaska ha tomado una decisión trascendental que cambiará el panorama de seguridad en el País Vasco.

El ministro del Interior ha firmado un acuerdo que expulsa a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de los puertos y aeropuertos de la región, transfiriendo estas competencias a la Ertzaintza. Este movimiento, que ha sido ratificado en una Junta de Seguridad en Madrid, marca un giro significativo en la administración de la seguridad en el País Vasco y responde a las demandas de los partidos separatistas del PNV y Bildu.

Fuente de la Noticia: okdiario.com

Índice de Contenidos:

El Acuerdo entre el Gobierno Vasco y el Ministerio del Interior

Expulsión de la Policía Nacional y la Guardia Civil

Fernando Grande-Marlaska y Bingen Zupiria, el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, han anunciado que a partir de ahora, la Ertzaintza será la encargada de la protección de personas y bienes y el mantenimiento del orden público en los puertos y aeropuertos del País Vasco. La Policía Nacional y la Guardia Civil dejarán de realizar estas funciones, aunque mantendrán competencias en extranjería, control de fronteras, contrabando y fraude fiscal.

Implementación Inmediata y Coordinación Operativa

El acuerdo tiene una implementación inmediata, con un punto permanente de coordinación operativa entre la Ertzaintza y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta medida asegura que el intercambio de información y la cooperación entre las diferentes unidades policiales continúen sin interrupciones.

Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que el número de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en el País Vasco no cambiará. A pesar de esta afirmación, la transferencia de competencias ha suscitado una gran controversia entre los cuerpos policiales afectados.

Reacciones y Críticas

Críticas desde el Interior de las Fuerzas de Seguridad

Diversas organizaciones han expresado su malestar con la decisión del ministro del Interior:

  • Ernesto Vilariño, secretario general de la Asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), ha denunciado que el acuerdo implica una pérdida de competencias para la Benemérita, y ha prometido una vigilancia exhaustiva para evitar impactos negativos sobre los guardias civiles en el País Vasco.
  • La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha criticado duramente al ministro, afirmando que Marlaska está traicionando al instituto armado y que el acuerdo conlleva una cesión del control total de los puertos y aeropuertos al País Vasco.
  • Jupol, el sindicato de la Policía Nacional, ha expresado su preocupación por una posible cesión irregular de competencias, mientras que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera que la Policía Nacional no debería ser usada como moneda de cambio en este acuerdo.
  • La Confederación Española de Policía (CEP) ha ido más allá, afirmando que el acuerdo es una grave vuelta de tuerca al desmantelamiento de las competencias de la Policía Nacional en la región, entregándolas a la Ertzaintza por motivos políticos y despojándolos de funciones esenciales relacionadas con la seguridad ciudadana y la policía judicial.

Respaldo a la Decisión desde el Gobierno Vasco

Bingen Zupiria ha defendido el acuerdo asegurando que se está cumpliendo con el Estatuto de Autonomía y con la Ley de 1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La expansión de las competencias de la Ertzaintza en puertos y aeropuertos, según el Ejecutivo vasco, es una medida necesaria para una mejor gestión de la seguridad en la región.

Implicaciones del Acuerdo

Repercusiones para la Seguridad y la Administración

La decisión de Marlaska y del Gobierno Vasco podría tener varias repercusiones:

  1. Eficiencia en la Gestión de la Seguridad: La transferencia de competencias a la Ertzaintza podría llevar a una mejora, como a un empeoramiento en la gestión de la seguridad en los puertos y aeropuertos del País Vasco.
  2. Tensiones entre Cuerpos de Seguridad: La exclusión de la Policía Nacional y la Guardia Civil podría aumentar las tensiones entre estos cuerpos y el Gobierno Vasco, además de afectar la cooperación entre las distintas unidades policiales.
  3. Impacto en el Personal Policial: La medida podría tener un impacto en la moral y las funciones de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil actualmente destinados en el País Vasco, generando preocupación sobre su futuro en la región.
  4. Reacciones Políticas: El acuerdo también podría tener consecuencias políticas significativas, intensificando el debate sobre la descentralización de competencias y la gestión de la seguridad en España.

Conclusión

La firma de este acuerdo por parte de Fernando Grande-Marlaska no aprobado por la sociedad española en su conjunto mayoritario, marca un hito en la administración de la seguridad en el País Vasco, trasladando competencias clave a la Ertzaintza y generando un torbellino de reacciones tanto dentro como fuera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La medida responde a demandas de partidos separatistas y ajusta la aplicación del Estatuto de Autonomía, pero también plantea interrogantes sobre su impacto en la seguridad y en la cohesión entre los diferentes cuerpos policiales.

RESUMEN Y VIDEO

Del dicho al hecho hay mucho trecho:

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha firmado un acuerdo que expulsa a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de los puertos y aeropuertos del País Vasco, transfiriendo estas competencias a la Ertzaintza. Esta decisión fue ratificada en una Junta de Seguridad celebrada en Madrid y ha generado una ola de controversia y descontento.

El acuerdo, anunciado por Fernando Grande-Marlaska y el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, implica que la Ertzaintza asumirá la protección de personas y bienes y el mantenimiento del orden público en los puertos y aeropuertos del País Vasco. Sin embargo, la Policía Nacional y la Guardia Civil seguirán manejando competencias en extranjería, control de fronteras, contrabando y fraude fiscal.

Marlaska ha garantizado que el número de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en el País Vasco no se verá reducido, y que la implementación del acuerdo será inmediata. Se establecerá un punto de coordinación operativa para asegurar el intercambio de información entre la Ertzaintza y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Esta medida ha sido criticada duramente por varias organizaciones de las fuerzas de seguridad. Ernesto Vilariño, secretario general de la Asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), ha afirmado que el acuerdo implica una pérdida de competencias para la Benemérita y ha prometido vigilancia para proteger los intereses de los guardias civiles en la región.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha acusado a Marlaska de traicionar al instituto armado, alertando que el acuerdo permitirá a la Ertzaintza ejercer un control total sobre los puertos y aeropuertos, incluidas las áreas restringidas.

Jupol, el sindicato de la Policía Nacional, ha expresado preocupación por una posible cesión irregular de competencias y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha criticado que la Policía Nacional sea utilizada como moneda de cambio en este acuerdo.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha calificado el acuerdo como una grave vuelta de tuerca al desmantelamiento de las competencias de la Policía Nacional, acusando al Gobierno de ceder funciones cruciales a la Ertzaintza por motivos políticos.

Desde el Gobierno Vasco, Bingen Zupiria ha defendido el acuerdo como un cumplimiento del Estatuto de Autonomía y la Ley de 1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, argumentando que la medida responde a una mejor gestión de la seguridad en la región.

Las repercusiones del acuerdo son significativas: podría mejorar la gestión local de la seguridad, pero también intensificar las tensiones entre los cuerpos policiales y afectar la moral y funciones de los agentes afectados.

En términos políticos, el acuerdo podría generar un debate intenso sobre la descentralización de competencias y la gestión de la seguridad en España, exacerbando las tensiones entre el Gobierno central y las autoridades regionales.

Este cambio radical en la administración de la seguridad del País Vasco subraya una revisión profunda de la política de seguridad y las relaciones entre diferentes cuerpos de seguridad y administraciones. La inmediatez de la implementación del acuerdo solo añade un nivel adicional de controversia al ya complejo escenario de seguridad en la región.

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